Uno de los componentes más trascendentales en el proceso de adquisición de una empresa, lo constituye la auditoria legal, comúnmente llamada “Due Diligence”, debidas diligencias legales o certificación legal. Esta no es más que el proceso de investigación y análisis previo a la adquisición para conocer y comprender la situación de la compañía y de sus activos, su realidad desde la óptica técnico legal, así como los potenciales riesgos y contingencias.

El objetivo con la auditoria legal, es que los actores mercantiles eviten que sus negocios y actividades comerciales se conviertan en una especie de caja de pandora legal.

Asimismo, la finalidad con este proceso es obtener fiabilidad legal a la hora de adquirir una empresa. La auditoria legal se puede efectuar en todos los tipos o modalidades de adquisiciones de empresas, ya sean compraventa de las acciones o cuotas sociales, compraventa de los activos y pasivos o modificaciones estructurales que tengan el propósito de instrumentar la adquisición de una empresa.

En República Dominicana no existen normas o un procedimiento bien definido en referencia a la auditoria legal. No obstante, existen ciertas prácticas que se han convertido en una especie de guía para delimitar las distintas fases del proceso.

De inicio, puntos como la delimitación de objetivos y la determinación de los criterios de materialidad son de importancia, toda vez que el comprador debe notificar a los abogados sobre los aspectos que el considera más relevantes en una posible operación, así como sus principales preocupaciones sobre la empresa. Después de este paso, es usual que se produzca una carta de encargo a los abogados y la suscripción de ciertos acuerdos de confidencialidad entre el vendedor y el potencial comprador. (Beltrán Sánchez)

Con posterioridad, se establece un listado de todas las documentaciones e informaciones a ser requeridas al vendedor y se organiza un “data room” que puede ser físico o virtual. En este contexto, surge la inquietud de que tipo de informaciones realmente son relevantes, comúnmente se solicitan documentos de derecho societario, contratos, de financiación, sobre seguros, bienes muebles e inmuebles, propiedad intelectual e industrial, igualmente, se solicita información sobre litigios en curso y potenciales, de derecho administrativo, aspectos medioambientales y fiscales (Tortuero).

Seguidamente, se revisa la información y se efectúan reuniones entre el equipo de gestión, los representantes del vendedor y el comprador y visitas a las instalaciones de la empresa objeto de adquisición.

El resultado de la auditoria es plasmado en un informe que es emitido por los abogados o asesores legales que han efectuado la compilación, revisión y procesamiento de la información.

Enrique R. Segura Quiñones.
enriquesegura@seguralegal.com